El llamado Pacto del Euro consiste en un paquete de medidas acordadas por los diecisiete países que forman la zona euro destinadas fundamentalmente a combatir la crisis y la deuda. El problema es que más que contribuir a solucionar el desempleo y la parálisis del tejido productivo europeo, va a conducir inexorablemente a un mayor empobrecimiento de los ciudadanos. Esto significa seguir mermando capacidad de consumo de las familias y del Estado, y no parece que esto sea lo más acertado para impulsar la recuperación económica (cabría recordarles a estos “expertos” economistas que ya a principios del siglo XX Henry Ford, uno de los padres de la industria del automóvil y del capitalismo industrial, defendía ante sus colegas de sector incrementos salariales justos con el argumento de que de no ser así ¿a quién les iban a vender los coches que fabricaban?).
La mayor parte de las medidas recomendadas a España por la Comisión Europea el pasado día 7 no dejan lugar a dudas sobre lo que nos espera.
Establecer sistemas permanentes de revisión de las pensiones aumentando la edad de jubilación y reduciendo el importe de las mismas (al ampliar el número de años para su computo) cuando la situación económica lo exija (es decir cuando la Comisión lo decida).
Reforzar la reestructuración de las Cajas de Ahorro, es decir avanzar en su definitiva privatización, cuando si algo ha quedado claro en la actual crisis es la necesidad de la existencia de una banca pública capaz de canalizar financiación a empresas y familias en momentos como este, en que la banca privada está asfixiando a consumidores, pequeñas y medianas empresas del país con congelación del crédito.
Reducir las cotizaciones a la seguridad social y aumentar el IVA y los impuestos sobre la energía. Esto significa en principio recortar los salarios, ya que las cotizaciones a la seguridad social son también parte del mismo. Pero es que además las cotizaciones sociales financian las prestaciones cuando estamos de baja por enfermedad, las pensiones contributivas, el desempleo y la formación profesional. Esto se plantea en un momento en que se está cuestionando la financiación pública de la sanidad (ya en alguna comunidad autónoma como Cataluña se están imponiendo drásticos recortes y en estos días asistimos a una lluvia de noticias propagadas por la patronal farmacéutica acerca del supestamente insostenible gasto sanitario), se cuestionan las pensiones, el desempleo está disparado y la formación profesional y reciclaje de los miles de trabajadores expulsados de sus trabajos es imprescindible ¿Dónde queda la necesidad, ampliamente compartida, de aumentar la competencia profesional del capital humano del país?
Por otra parte se sigue en la espiral de aumentar los impuestos indirectos que gravan las rentas de todos los ciudadanos indistintamente de cual sea el volumen de la misma. De esta forma, todos soportamos igual tipo de carga impositiva al margen de nuestra situación económica, paga lo mismo el banquero Botin que un parado de larga duración. Para colmo, esta espiral de aumentar impuestos indirectos y reducir los directos y progresivos (IRPF) va contra los principios constitucionales consagrados en nuestra carta magna. El principio de capacidad económica que mandata que los impuestos deben gravar la economía de los ciudadanos según el patrimonio de cada cual, y el de progresividad que nos dice que a mayor renta debe corresponder una mayor cuota fiscal.
Por último la Comisión Europea nos anima a profundizar en las reformas del mercado de trabajo, la negociación colectiva y las políticas activas de empleo. Parece que no ha sido bastante con la prueba de la absoluta ineficacia en materia de creación de empleo de la última reforma laboral, aprobada por decreto hace casi un año, por el gobierno actual.
En estos momentos ya está en el Congreso el decreto-ley de reforma de la negociación colectiva. Se descentraliza la negociación colectiva, se falcilita el descuelgue de los convenios sectoriales para las empresas. ¿Es mala la flexibilidad en la negociación colectiva? En principio, no, el problema es que en un marco legal en el que los sindicatos no tienen ningún tipo de participación en la gestion y organización de las empresas, es imposible garantizar de forma eficaz que los sacrificios que exige el empresario son razonables e imprescindibles, para la viabilidad de la propia empresa. Porqué no nos miramos en el espejo de Alemania, paradigma del crecimiento económico, la competitividad y el buen hacer en materia económica. Sus salarios son de los más elevados de Europa y los nuestros de los más bajos (en euros estandarizados), trabajan menos horas al año que nosotros y tienen una situación de casi pleno empleo. Allí los sindicatos participan de la gestión de las empresas, en las grandes con un 50%, en las PYMES con un 33%, así si esposible flexibilizar la negociación colectiva.
Cabría recordar que la primera economía del mundo, EE.UU. mantiene el déficit público más abultado del planeta, y que al contrario que la Unión Europea, viene desarrollando en estos últimos años de crisis una política económica expansiva, con aumento del gasto y la inversión pública como la mejor manera de incentivar el empleo y el crecimiento económico. ¿Por qué en Europa no sigue ahora la senda que transita EEUU, cuando los hemos seguido con los ojos cerrados en los más disparatados dislates de la política internacional?
A la vista de que los partidos que nos gobiernan, y los que tienen la posibilidad de gobernar en un futuro, no parecen estar dispuestos a oponerse a este tipo de medidas, siendo además coparticipes en la elaboración de las mismas, los ciudadanos de a pié, los que estamos soportando la crisis sobre nuestras espaldas, estamos llamados a decirles alto y claro que ese no es el camino.
