Las reformas de pensiones desde 1985 han recortado derechos y prestaciones
El miércoles 2 de febrero, se escenificó en Moncloa la firma de, para unos: la gran traición al movimiento obrero, y para los firmantes: el pacto social más importante del Gobierno de Zapatero, que firmó con los sindicatos y la patronal un acuerdo de 37 páginas que incluye dos reformas reales: la del sistema de pensiones y alguna novedad en cuanto a las políticas activas de empleo. El resto es un catálogo de ideas y planes de futuro que no están todavía cerrados.
EDAD DE JUBILACIÓN. El retraso de la edad de jubilación generó la existencia de este pacto global y la urgencia del Gobierno por aprobarla aceleró unas negociaciones que se estancaron durante meses e incluso llegaron a quebrar antes de la reforma laboral. El texto del Gobierno recoge que la edad de jubilación legal es a partir de ahora de 67 años, pero cabe la posibilidad de hacerlo a los 65 si el trabajador tiene cotizados 38,5 años. Para retirarse a los 67 bastará haber pagado a la Seguridad Social 37 años. Se permite la jubilación a los 63 años con un mínimo de 33 cotizados, aplicando un coeficiente reductor por año en concepto de jubilación anticipada. La elevación de la edad de retiro se realizará progresivamente, a razón de un año, entre 2013 y 2022.
CÁLCULO DE LA PENSIÓN. A partir de 2011 se calculará la pensión que tendrán los jubilados teniendo en cuenta los últimos 25 años cotizados en lugar de los últimos 15. El Gobierno no ha dado datos de la rebaja que esto supondrá en la cuantía a percibir, pero las primeras estimaciones de Trabajo hablan de una caída del 1% en una prestación media. El cambio del cálculo se realizará escalonadamente entre 2013 y 2027.
BECARIOS Y MADRES. Los jóvenes que trabajen a través de programas de formación y becas podrán cotizar por un máximo de dos años. Sucederá lo mismo con aquellas mujeres que interrumpan su vida laboral para cuidar a sus hijos, periodo en el que podrán seguir cotizando por espacio máximo de dos años en toda su vida.
ITINERARIO DE EMPLEO. El pacto social incluye un apartado dedicado a las reformas de las políticas activas de empleo que incluye, como principal novedad, la elaboración de un itinerario personalizado para cada desempleado que realizarán los servicios públicos de empleo (que también serán repensados). Dicho itinerario, ideado para optimizar la empleabilidad de los parados, estipula que todas las personas en situación de desempleo están obligadas a realizar actividades de formación o, en su lugar, poner en marcha una empresa.
PLAN COYUNTURAL. Una de las medidas que nos quieren vender como estrella del pacto es un plan coyuntural de choque dirigido a jóvenes de hasta 30 años (afectados por el desempleo en un porcentaje del 25%) y personas con desempleo de larga duración. Este plan para el empleo se llevará a cabo mediante una reducción de las cuotas empresariales a la Seguridad Social durante el primer año de vigencia del contrato a tiempo parcial –la jornada laboral oscilará entre el 50 y el 75% de la que se considera habitual.
POLÍTICA INDUSTRIAL. Como contraprestación al retraso de la edad de jubilación, el Gobierno compensó a los sindicatos y la patronal con una serie de anuncios y compromisos que se estudiarán durante los próximos meses. Uno de los más esperados fue el compromiso mejorar la política industrial y energética a través de la mejora tecnológica y la innovación. El capítulo destinado a este menester no incluye ninguna medida concreta, sino una serie de ideas a desarrollar y listas de buenas intenciones. De momento, el pacto solo recoge la voluntad de las partes por alcanzar acuerdos “sólidos” en estos campos, pero son pocas las propuestas concretas y menor todavía el impacto de las soluciones ya pactadas.
FUNCIONARIOS. Tras la rebaja salarial aplicada en verano a todos los empleados públicos, el Gobierno hace ahora un guiño a los sindicatos e introduce en su acuerdo un apartado en el que acepta abrir el proceso de diálogo en la Mesa de Diálogo Social de la Fundación Pública para abordar el régimen de clases pasivas, el desarrollo del Estatuto del Empleado Público y la evaluación de los acuerdos alcanzados en el ámbito de la Función Pública.
CONVENIOS. Todas las partes implicadas en el diálogo (Gobierno, sindicatos y patronal) se comprometieron en la firma del pacto a abrir el debate sobre la pertinencia de la negociación colectiva. Sin embargo, el texto parte ya de la base de que se deben reducir los ámbitos de competencia de los convenios, que habrá que reducir, y de la idea de limitar los campos de actuación para evitar la existencia de más de tres convenios. Es decir, se trata de evitar que existan convenios diferenciados de un mismo colectivo a nivel estatal, autonómico y provincial y allanar el camino a la homogeneización.
AYUDA A FORMACIÓN. En sustitución a la ayuda de 426 euros –que se extinguirá el próximo 15 de febrero el Gobierno pondrá en marcha una nueva línea de ayudas para parados sin prestación que les obliga a realizar cursos de formación. Podrán beneficiarse de esta subvención todos aquellos desempleados que no tengan derecho a ningún tipo de ayuda y cuyos ingresos familiares no superen el 75% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). La ayuda asciende a 400 euros y se dará a parados con familiares a su cargo a partir del 16 de febrero de este mismo año.
La nueva reforma de las pensiones públicas provocará nuevos recortes de derechos y una reducción de las rentas de quienes las perciban. Con ésta serán ocho. Sin duda, su objetivo directo es beneficiar a quienes especulan con los fondos privados de pensiones, es decir las entidades financieras. En la actualidad, según los datos de la Seguridad Social, el 71,54% de los pensionistas perciben cuantías por debajo del umbral de la pobreza, pero en el futuro será peor.
Desde 1985 a 2011 las reformas de las pensiones que se han practicado han significado recorte de derechos sociales y reducción de los salarios por distintas vías para engrosar las cuentas de los especuladores del sistema privado.
Cronología: En 1985 se realizó la primera reforma en la que se varió el período de cómputo de la jubilación, que paso de dos a ocho años. Una vez que el Pacto de Toledo, en abril de 1995, tomó las riendas en materia de pensiones. En realidad, el mismo avaló y legitimó las políticas de ajuste realizadas desde 1985. Dos años después, en 1997, se aprueba la Ley de Racionalización y Consolidación del Sistema de la Seguridad Social.
Todos esos cambios en doce años significan que el período mínimo de cotización para acceder a una pensión pasa de diez a quince años y se amplía el período de cálculo de la pensión de dos a ocho años. En 1997, se sitúa en quince años. Después en 2007, los ajusta a quince años exactos, porque antes contabilizaban las pagas extraordinarias.
Otra medida supuso la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social en 1997, lo que supone que casi la totalidad de las pensiones se financian con cotizaciones sociales, lo que a juicio de los expertos es exponer el sistema público a las oscilaciones del mercado. Sus defensores aluden a que así el Estado no puede utilizar ese dinero para todo aquello que no sea pensiones.
En este plazo se impulsaron los planes y fondos privados de pensiones, a partir de la ley de 1987. En 1995 se reforzó esa actuación en la Ley de Supervisión de los Seguros Privados, en el que se introducen deducciones fiscales para poder desgravar por esas inversiones. De esa manera, los fondos privados de pensiones representaban el 1% del PIB en 1990, pero pasaron a ser del 5% en el año 2000 y en la actualidad, en torno al 8%.
Posteriormente hubo modificaciones en la gestión de la incapacidad temporal, se impusieron restricciones en las jubilaciones anticipadas, etc.
Los acuerdos que se adoptan en el Pacto de Toledo han contado con el apoyo de CCOO y UGT, juntos o por separado. Por lo que «CCOO y UGT son cómplices directos de lo que está pasando desde el Pacto de Toledo».
Por ello, Intersindical de Aragón, proponemos la continuidad en la lucha contra los recortes laborales en todos los territorios del estado, asi como movilizaciones conjuntas de todas aquellas organizaciones sindicales, sociales y políticas que rechazan tanto el “gran pacto Social” como la política de recortes y ajustes del gobierno del Estado español.
Intersindical de Aragón. febrero 2011.
