La propuesta de reforma de la Constitución española es un mandato expreso del Pacto del Euro acordado en el pasado mes de marzo en el Consejo Europeo. En dicho pacto se establecían varios objetivos que el gobierno español está llevando a cabo con obediencia en la aplicación del programa de reformas y recortes establecido en dicho pacto: aumento de la edad de jubilación y recorte de las pensiones, reforma laboral con el objetivo expreso de reducción de los salarios, reforma de la negociación colectiva, reforma de la contratación temporal, y ahora bajo la excusa del control del déficit de las Administraciones, la reforma de la Constitución.En particular, el Pacto del Euro obliga a una reforma constitucional para que el objetivo de la sostenibilidad de las finanzas públicas se cumpla por todos los niveles de la administración. Dicha reforma estará supervisada por la Comisión Europea. Dentro de ese objetivo de sostenibilidad fiscal se cita expresamente que se han de reformar las pensiones, la asistencia sanitaria y las prestaciones sociales para no incurrir en déficits insostenibles.
No hay lugar a dudas. El pacto del euro manda recortar los gastos sociales, establece unos controles permanentes desde las instituciones europeas para que así se haga y obliga a reformar la Constitución para que esas limitaciones tengan el máximo rango jurídico. ¿Qué democracia es esta?. En donde reside la soberanía del país, ¿en el pueblo, en los políticos de aquí o en los políticos de la UE, o en las direcciones de las grandes multinacionales?.
El déficit y el endeudamiento públicos son unos instrumentos autónomos de política económica que los estados pueden utilizar para influir en el marco institucional en el que se mueve la economía. El hecho de poner una limitación a los mismos es una modificación de ese marco institucional para favorecer el desarrollo de unas determinadas políticas que favorecen a las capas más ricas de la sociedad y a las grandes corporaciones empresariales y financieras.
Las administraciones locales y autonómicas tienen las competencias en la prestación de muchos servicios públicos esenciales para la parte más débil de la sociedad (ayuda a la dependencia, gasto sanitario y farmacéutico, transportes públicos, basuras, aguas, limpieza, vivienda, etc.). Al imponerle estas estrictas normas presupuestarias se aboca al deterioro de los servicios que prestan, a la privatización de los mismos o a su eliminación pura y dura.
Esta reforma viene acompañada de nuevas medidas que, bajo argumentos injustificados, no hacen sino profundizar la precariedad en que vivimos, especialmente los más jóvenes, para quienes se extiende hasta los 30 años la posibilidad de utilizar contratos precarios, fuente de fraudes y abusos, como el contrato de formación o el de prácticas, mientras se sigue fomentando la temporalidad con la suspensión del límite a los encadenamientos de contratos temporales.
Además el Gobierno, en esta línea, vuelve a hacer un llamamiento a UGT/CCOO/CEOE/CEPYME a que alcancen un nuevo pacto de contención salarial hasta 2014, acentuando la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, y poniendo de manifiesto, su colaboración necesaria y sumisa a las directrices del sistema capitalista.
Quienes han creado la crisis económica son quienes, ahora dictan las reformas y recortes sociales que supondrán futuras privatizaciones de los servicios públicos y el desmantelamiento del estado del bienestar. Estamos ante una crisis integra del sistema capitalista. Este sistema no nos sirve a los trabajadores.
Por ello nos tenemos que hacer un replanteamiento social e ideológico en el que entre: el cambio de modelo social, el reparto de la riqueza, se impida la acumulación individual de granes fortunas, se respete la independencia de cada Estado y el derecho a la autodeterminación de los pueblos.
En ese sentido, la Intersindical de Aragón rechaza las reformas acordadas por el Gobierno, así como la reforma Constitucional que pretenden hacer, y hace un llamamiento a participar en todas las movilizaciones que se convoquen contra esta nueva agresión a los trabajadores y a todos los ciudadanos en general.
Aragón 29 de agosto de 2011
No hay lugar a dudas. El pacto del euro manda recortar los gastos sociales, establece unos controles permanentes desde las instituciones europeas para que así se haga y obliga a reformar la Constitución para que esas limitaciones tengan el máximo rango jurídico. ¿Qué democracia es esta?. En donde reside la soberanía del país, ¿en el pueblo, en los políticos de aquí o en los políticos de la UE, o en las direcciones de las grandes multinacionales?.
El déficit y el endeudamiento públicos son unos instrumentos autónomos de política económica que los estados pueden utilizar para influir en el marco institucional en el que se mueve la economía. El hecho de poner una limitación a los mismos es una modificación de ese marco institucional para favorecer el desarrollo de unas determinadas políticas que favorecen a las capas más ricas de la sociedad y a las grandes corporaciones empresariales y financieras.
Las administraciones locales y autonómicas tienen las competencias en la prestación de muchos servicios públicos esenciales para la parte más débil de la sociedad (ayuda a la dependencia, gasto sanitario y farmacéutico, transportes públicos, basuras, aguas, limpieza, vivienda, etc.). Al imponerle estas estrictas normas presupuestarias se aboca al deterioro de los servicios que prestan, a la privatización de los mismos o a su eliminación pura y dura.
Esta reforma viene acompañada de nuevas medidas que, bajo argumentos injustificados, no hacen sino profundizar la precariedad en que vivimos, especialmente los más jóvenes, para quienes se extiende hasta los 30 años la posibilidad de utilizar contratos precarios, fuente de fraudes y abusos, como el contrato de formación o el de prácticas, mientras se sigue fomentando la temporalidad con la suspensión del límite a los encadenamientos de contratos temporales.
Además el Gobierno, en esta línea, vuelve a hacer un llamamiento a UGT/CCOO/CEOE/CEPYME a que alcancen un nuevo pacto de contención salarial hasta 2014, acentuando la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, y poniendo de manifiesto, su colaboración necesaria y sumisa a las directrices del sistema capitalista.
Quienes han creado la crisis económica son quienes, ahora dictan las reformas y recortes sociales que supondrán futuras privatizaciones de los servicios públicos y el desmantelamiento del estado del bienestar. Estamos ante una crisis integra del sistema capitalista. Este sistema no nos sirve a los trabajadores.
Por ello nos tenemos que hacer un replanteamiento social e ideológico en el que entre: el cambio de modelo social, el reparto de la riqueza, se impida la acumulación individual de granes fortunas, se respete la independencia de cada Estado y el derecho a la autodeterminación de los pueblos.
En ese sentido, la Intersindical de Aragón rechaza las reformas acordadas por el Gobierno, así como la reforma Constitucional que pretenden hacer, y hace un llamamiento a participar en todas las movilizaciones que se convoquen contra esta nueva agresión a los trabajadores y a todos los ciudadanos en general.
Aragón 29 de agosto de 2011
