A pesar de que llevamos muchos años intentando eliminar las agresiones a los conductores, especialmente en las línea 30 y demás aledañas de esa zona, un no hemos encontrado iniciativas contundentes por parte de la empresa o del ayuntamiento, así como tampoco definiciones claras y pragmáticas por parte de los agentes sociales con implantación, o no, en nuestra empresa.
Debamos recordar que todas y cada una de las movilizaciones, gestiones, o alternativas que se han puesto en marcha en todos estos años, han partido y han sido pivotadas por ASC. Quizás la más contundente y efectiva fue el cambio de recorrido de la Línea 30, que debemos recordar a todos los que tienen problemas para memorizar que fue fruto del dialogo y la negociación con todos y cada uno de los colectivos en liza, siendo consensuado un documento con el que la empresa se quedaba sin argumentos para rechazar nuestra reivindicación. No está de más indicar que en esos momentos el resto de fuerzas sindicales mantuvieron un distante y banal discurso alejado de la contundente e incontestable realidad documentada por nuestro sindicato.
Este recordatorio histórico llega precisamente cuando sale a la palestra las agresiones a los médicos. La unidad de acción llevada a cabo por los estamentos afectados en esta problemática ha dado como resultado la aplicación de penas de prisión para los agresores de cualquier facultativo, es decir, han pasado de una simple falta (como mucho una multa) a una catalogación penal de las agresiones basadas en sus categoría de funcionario público. La cuestión tiene más relevancia de que en un primer momento cabía suponer, ya que al aplicarse a las personas en su calidad de funcionario público, presumiblemente podría dar cobertura a todos aquellos trabajadores que ejerzan como tal.
ASC mantiene que esa línea de actuación se debería ampliar a todos los trabajadores que sean susceptibles de ser agredidos en el desempeño de sus tareas laborales, en cualquier caso y como colectivo con un alto riesgo y porcentaje de agresiones, deberíamos contar con esa cobertura de manera inmediata. Entendiendo que esta cuestión, si bien no elimina o pone freno a las agresiones, es una nueva medida disuasoria para todos aquellos energúmenos de dan rienda suelta a sus instintos agresivos a un coste material de unos míseros euros.
A margen de la acciones que llevemos a cabo de manera judicial o negociada, es la empresa la que debería de velar por que estas medidas que proponemos se lleven a cabo y así hacer ver a la plantilla de conductores que precisamente es la primera que se preocupa por la seguridad de este colectivo y no solo por machacarlos y ningunearlos como si fuesen meros objetos de usar y tirar.
Debamos recordar que todas y cada una de las movilizaciones, gestiones, o alternativas que se han puesto en marcha en todos estos años, han partido y han sido pivotadas por ASC. Quizás la más contundente y efectiva fue el cambio de recorrido de la Línea 30, que debemos recordar a todos los que tienen problemas para memorizar que fue fruto del dialogo y la negociación con todos y cada uno de los colectivos en liza, siendo consensuado un documento con el que la empresa se quedaba sin argumentos para rechazar nuestra reivindicación. No está de más indicar que en esos momentos el resto de fuerzas sindicales mantuvieron un distante y banal discurso alejado de la contundente e incontestable realidad documentada por nuestro sindicato.
Este recordatorio histórico llega precisamente cuando sale a la palestra las agresiones a los médicos. La unidad de acción llevada a cabo por los estamentos afectados en esta problemática ha dado como resultado la aplicación de penas de prisión para los agresores de cualquier facultativo, es decir, han pasado de una simple falta (como mucho una multa) a una catalogación penal de las agresiones basadas en sus categoría de funcionario público. La cuestión tiene más relevancia de que en un primer momento cabía suponer, ya que al aplicarse a las personas en su calidad de funcionario público, presumiblemente podría dar cobertura a todos aquellos trabajadores que ejerzan como tal.
ASC mantiene que esa línea de actuación se debería ampliar a todos los trabajadores que sean susceptibles de ser agredidos en el desempeño de sus tareas laborales, en cualquier caso y como colectivo con un alto riesgo y porcentaje de agresiones, deberíamos contar con esa cobertura de manera inmediata. Entendiendo que esta cuestión, si bien no elimina o pone freno a las agresiones, es una nueva medida disuasoria para todos aquellos energúmenos de dan rienda suelta a sus instintos agresivos a un coste material de unos míseros euros.
A margen de la acciones que llevemos a cabo de manera judicial o negociada, es la empresa la que debería de velar por que estas medidas que proponemos se lleven a cabo y así hacer ver a la plantilla de conductores que precisamente es la primera que se preocupa por la seguridad de este colectivo y no solo por machacarlos y ningunearlos como si fuesen meros objetos de usar y tirar.
