A: INTERVENTOR MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA, PRESIDENTE
DE TUSSAM, MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE TUSSAM, DIRECTOR GERENTE.
DE: AGRUPACIÓN SINDICAL DE CONDUCTORES
ASUNTO: POSIBLE RIESGO PATRIMONIAL PARA LOS CONSEJEROS
Como ya serán
conocedores, la dirección de la empresa, de manera unilateralmente impuesta a
los trabajadores y sindicatos, incoo ante las autoridades pertinentes un Expediente
de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de afección a 1450 trabajadores de la
empresa Tussam.
A pesar de
nuestras advertencias sobre la dudosa legalidad de la medida, la dirección de
la empresa ha hecho oídos sordos a nuestros requerimientos, continuando su tramitación.
Actualmente,
por silencio administrativo, está implantado el ERTE indicado, sin que hasta la
fecha la empresa, a pesar de que son conocedores de lo que vamos a indicar a continuación,
ha hecho movimiento alguno, ni para cesar del mismo, ni para suavizarlo, es más,
está incurriendo en acciones que jurídicamente tienen demasiadas lagunas, como son las de cambiarle a los trabajadores, no solo sus condiciones laborales durante
el periodo de afección del ERTE, sino incluso yendo más allá y modificando el
calendario fuera del radio de acción del cuestionable ERTE.
ESTAS ACTUACIONES TIENEN UNA INCIDENCIA DIRECTA EN LA DESTRUCCIÓN DE EMPLEO QUE
AFECTARA DE MANERA SUSTANCIAL A LA ACTUAL BOLSA DE EMPLEO, CUYOS INTEGRANTES
HAN VISTO CERCENADA LA POSIBILIDAD DE TRABAJAR, CON MANIOBRAS, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN,
SIMILARES A LAS ANTERIORMENTE DESCRITAS, DIRECCIÓN QUE EXTRAÑAMENTE SE HA
NEGADO SISTEMÁTICAMENTE A ELABORAR UN
PLAN DE EMPLEO QUE PERMITA AL MENOS A ESTAS PERSONAS HACER PLANES DE FUTURO
(recordamos que esta dirección aprobó las bases también unilateralmente
incluyendo en ellas la imposibilidad de los aspirantes aprobados de rechazar dos veces un contrato, lo que hace que
las empresas privadas del sector rehúsen contratar a los componentes de dicha
bolsa de conductores)
Para nosotros,
este tipo de prácticas de la actual dirección, por otra parte habituales desde
2016, de lindar los espacios jurídicos por encima del espíritu de la norma
pactada, está alcanzando planos que pueden ir más allá de lo legal t estrictamente
incluido en el ordenamiento de lo Social. Nuestro gabinete jurídico nos ha
asesorado al efecto y se podría estar incurriendo con determinadas prácticas en
acciones penalmente punibles, no solo para los miembros de la dirección, sino
que alcanzarían en responsabilidades
patrimoniales incluso a los miembros
del Consejo de Administración, de ahí que por pura lealtad institucional advirtamos
de estas prácticas.
Como ya conocerán,
recientemente se han tumbado sendos ERTE´s de empresas de transportes urbanos;
uno en Valladolid, también impuesto unilateralmente por la dirección y anulado después
de estar en marcha, también por silencio administrativo. El otro (Valencia) ni
siquiera ha sido admitido aun siendo pactado con la representación sindical.
En ambos
casos se han sustentados en los mismos motivos, los cuales que pueden comprobar en
las resoluciones oficiales al respecto y que adjuntamos a esta comunicación.
Dichas
resoluciones indican, implícita o explícitamente, varias cuestiones:
1º.- Las empresas como Tussam, por su clasificación legal y
su financiación, no pueden acogerse a este mecanismo de regulación de jornada,
argumento que ya reza en la demanda que desde esta parte se ha interpuesto ante
el ordenamiento de lo Social.
2º.- La actuación de
la Dirección de la Empresa puede poner en grave riesgo la situación económica y
financiera de la misma dado que es más que probable que tenga que retrotraer a
la situación anterior a la puesta en marcha del ERTE (29.03.2020), resarciendo a
los trabajadores y abonando cuantiosas indemnizaciones a estos, así como
sanciones por parte de la Inspección de Trabajo.
3º.- Este Consejo
de Administración, llegado el momento, tendría que exigir al Ayuntamiento la compensación
económica derivada de este incremento de gastos atípicos en los presupuestos, así
como en la caída de los ingresos por venta de títulos de viajes debidos al
COVID-19. Recordamos que los decretos relacionados con la pandemia ya recogen
mecanismos de financiación para cuestiones de afección, directa o indirecta, por esta situación, mecanismos que desconocemos si se han explorados y, si así fuese,
que destino tendrían esos fondos.
Al margen
de lo anterior, entendemos que este tipo de conductas también puede ser susceptible
de ser interpretadas, presuntamente, de prevaricación. Teniendo en cuenta que desde la dirección conocen claramente la legislación e incluso son conocedores (desde el 13 de
abril) del criterio tanto de la Dirección
General de Trabajo y Economía Social como de la Abogacía General del Estado del
Ministerio de Justicia seguimos sin entender que sigan adelante con
estas prácticas que ponen en juego la seguridad jurídica y económica de la
empresa. Ponemos el extracto de una de las resoluciones:
Al margen de esta cuestión y
teniendo en cuenta que ningún organismo o empresa del ámbito municipal ha
acudido a este tipo de mecanismos para regular la situación de sus trabajadores
o funcionarios, queríamos solicitar y/o preguntar a ese consejo, si son conocedores de que se
haya solicitado y dispuesto de informe al respecto por parte del interventor
municipal para poner en marcha esta medida, teniendo en cuenta que tendrá afección
al presupuesto municipal y que el propio interventor es el garante jurídico que
las acciones que afecten en cualquier medida a lo relacionado con las arcas
municipales y por extensión de las arcas públicas en general.
No tenemos que obviar que la
suerte de órdenes y decretos dictados por el gobierno central desde el inicio
del estado de alerta por Covid-19, incluían SOLO
como única opción para acogerse a un ERTE por parte de las empresas de
transporte, la posibilidad de existencias de causas sanitarias, situación que
claramente no concurre en Tussam y que, como hemos observado, aun existiendo no cabría posibilidad jurídica
de acogerse a ellas, tal y como se indica en los dos informes de las
Inspecciones de Trabajo e incluso a criterio, tras consulta directa, de la Dirección General de Trabajo y Economía
Social y de la Abogacía General del Estado del Ministerio de Justicia.
En relación a esto último y
teniendo en cuenta los fundamentos de derecho indicados anteriormente, creemos
que de fondo subyace una intención puramente económica, y presuntamente fraudulenta,
más allá de que las manifestaciones incluidas en la solicitud del expediente de
regulación, teniendo en cuenta varios factores:
En primer lugar indicamos que la documentación
justificativa de dicha solicitud, recae claramente sobre informes técnicos y económicos En ninguno de los documentos se recoge nada de corte sanitario.
En segundo lugar, teniendo en
cuenta todos los argumentos esgrimidos por esta parte y que, a buen seguro, son
de dominio claro y fehaciente por parte de la dirección de la empresa y sus
asesores jurídicos, podríamos determinar
que utilizar estas argucias para ahorrarse el 75% de las cotizaciones y una
suculenta parte de los emolumentos y complementos de los salarios laborales, haciendo
que ambos gastos sean abonado de una parte por las arcas de la Seguridad Social
y de otra por el SEPE, podrían ser constitutivos de fraude, sin menoscabo del
riesgo jurídico y económico en el que instalan a los propios consejeros y a
aquellas personas que aun no siendo informadas de estas prácticas, podrían
llegar tener responsabilidades penales y patrimoniales al efecto.
Para finalizar, queremos dejarles
el enlace de la noticia en la que ATUC (Asociación Patronal) piden
esclarecimiento de la normativa sobre los ERTE´s, aclaradas ya por la Dirección
General de Trabajo y Economía Social y por parte de la Abogacía General del
Estado del Ministerio de Justicia. De esta noticia podemos desprender que los
patronos de empresas privadas que actúan como operadores del trasporte público,
intenten salvaguardar el interés mercantil de sus compañías acudiendo a estrategias
de ingeniería jurídica, pero lo que no podemos entender que empresas como
Tussam, de capital íntegramente público,
se sume a ese tipo de iniciativas que irían en detrimento de las arcas públicas
sustentadas en las aportaciones del Gobierno Central, lo que podría dejar de
manifiesto que la dirección de la empresa esta mas alineada con los intereses
mercantilistas que por los interés de los estamentos públicos
Dicho todo lo anterior, le
solicitamos que impulsen el cese del ERTE en Tussam y que se retrotraiga toda
la situación al día 29 de marzo, restituyendo a los trabajadores todos los emolumentos
previamente planificados y recogidos en el Convenio Colectivo.
Así mismo, solicitamos investigación
a fondo de todo este asunto y que se incoen todas las acciones judiciales
oportunas si, llegado el caso, se demuestra responsabilidad penal, civil o social,
incluso patrimonial por parte de algunos de los directivos directamente
relacionados con esta oscura cuestión.
Por último, solicitamos que el
Alcalde garantice que a Tussam llegaran las aportaciones necesarias para hacer
frente al coste del servicio, incluidas las derivadas de todo este asunto, así
como las acordadas en el seno de la comisión negociadora del convenio que
previamente fueron rubricadas por el Vicepresidente de la compañía, Juan Carlos
Cabrera
Sin más y a la espera de
respuesta por su parte, reciban un cordial saludo.
